(Prensa/Corposalud).-Funcionarios del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) Táchira, acompañados del Cnel. Ramón Cabeza, Director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación Bolivariana del Táchira, inspeccionaron un Centro Médico de Salud privado ubicado en el sector de Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal y una vez verificada la documentación requerida, se pudo comprobar que carecía de permisología y condiciones para funcionamiento, razón por la cual se aplicó, “medida cautelar de cierre” ante el inminente daño a la salud.
La información la suministró Milton Bracamonte, director regional de Contraloría Sanitaria, quien explicó que en la supervisión efectuada se corroboró la existencia de dos establecimientos de salud en una misma sede, ambos sin los debidos registros requeridos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el SACS.
“En el primer establecimiento no tienen el registro sanitario del MPPS, el permiso funcionamiento, la conformación de uso, la conformación sanitaria, patente de industria y comercio, el permiso del Cuerpo de Bomberos, registro de control de plagas y roedores, No presentaron el nombramiento notariado del director médico, registro como profesionales de la salud”, dijo Bracamonte.
En cuanto al segundo establecimiento no presentaron el estatus del inmueble, no poseen ambulancia, ni el contrato de poseer el servicio de ambulancia, carecen del libro de medicamentos controlados por el MPPS como psicotrópicos, estupefactivos, antibióticos y anestésicos, y al solicitarles el libro de pabellón o cirugía, este no era llevado en el establecimiento de salud.
Al referirse a los desechos hospitalarios, Bracamonte destacó que los depositan en un basurero común para que se lo lleve el camión del aseo urbano, afectando así la salud ambiental y pública.
Puntualizó el Director Regional de Contraloría Sanitaria que fue inmovilizado una máquina de anestesia de tres evaporizadores, por presentar etiqueta alusiva a un instituto del Estado, igualmente se efectuó decomiso de medicamentos vencidos desde el 2001 sucesivamente hasta el 2010, así como medicamentos presuntamente institucional del Estado Venezolano, además de otras irregularidades que se verificaron en el establecimiento.
