(Carmen L. Florez).-Con el planteamiento de la Procuraduría General de la República de que debe realizarse una homologación de los sueldos del personal universitario activo y jubilado, se perjudica seriamente al 30% de la población jubilada.
Esta situación inédita va en contra del principio de progresividad de los derechos laborales consagrado en la Constitución Nacional y en contra del régimen de jubilaciones y pensiones de las universidades nacionales, el cual se ve nuevamente amenazado.
Así lo manifestó el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, Prof. José Ángel Ferreira, quien hizo un llamado a los gremios universitarios entre los que no está la Fapuv, a que revisen lo acordado en un acta que suscribieron el pasado noviembre en la cual, junto a directrices de la Opsu, se afectan los derechos laborales del personal jubilado de las universidades nacionales, lo que causará una gran conmoción.
Como es conocido por todos, las universidades nacionales tiene un régimen especial de jubilaciones y pensiones, el cual se origina de la Ley de Educación de 1958 con respecto a los docentes y posteriormente se extiende a obreros y empleados mediante las pautas que dictó el Consejo Nacional de Universidades en 1976.
Dicho régimen ha venido evolucionando y, entre otras cosas, consagra el derecho de todo el personal universitario jubilado a las mismas condiciones de remuneración que el personal activo. Igualmente, ha quedado establecido que cuando existan aumentos de salario, estos se calculen de tal manera que no perjudiquen a los jubilados.
Sin embargo, el más reciente instructivo hace ver que el sueldo de ningún jubilado puede estar por encima de los activos. Esta directriz plantea distorsiones porque en la universidad el personal puede jubilarse con distintas primas, tales como primas por hijos, titular, doctor, asistencia médica y diversas primas relacionadas con su desempeño.
