(Prensa/CMSC).-Establecer políticas de recaudación en las diferentes comunidad del Municipio San Cristóbal para evitar la morosidad del pago del aseo urbano domiciliario y estudiar una reforma a la Ordenanza sobre Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos se planteó durante la mesa de trabajo celebrada entre los concejales, ejecutivo municipal y empresas prestadoras del servicio en la ciudad.
Entre las personas asistentes a esta mesa de trabajo estuvieron los concejales Gerardo Rincón, quien dirigió la discusión, Eduardo Delgado, Neida Ocaríz, Jesús Salcedo, Alexis Vivas y Alexis Carvajal, así como Israel Ruíz, director de Servicios Públicos de la Alcaldía, Iván Luengas, director general de la Alcaldía, Juan Carlos Cardozo, sindico municipal, Edwin Montañez, Jefe de Saneamiento Ambiental, Nelson Vivas, auditor interno del ayuntamiento, Arnoldo Pérez y Pedro Pérez en representación de Inversiones Pear, José Molina y Pedro Zambrano por Lirbeca, María Liliana Osorio por la empresa Piazza, José Guaicachuco y Jorge Rueda, consejeros del CLPP, Edna Ramírez por el Sindicato de Empleados de la Alcaldía y un representante de la empresa Betangar CA.
Primeramente, el Jefe de Saneamiento Ambiental de la Alcaldía expuso ante los presentes el Plan de Recolección de residuos y desechos sólidos del Municipio San Cristóbal el cual está establecido para beneficiar un total de 290 mil habitantes, además de la población flotante con 27 camiones recolectores en 42 rutas que conforman el servicio residencial, especial a comercios y microrutas.
El concejal Gerardo Rincón manifestó que esta mesa de trabajo nace de la discusión del presupuesto para el año 2017 en el cual se establece un monto importante para el pago de la recolección de desechos sólidos que realizan cuatro empresas en el Municipio. “Por ello, es necesario que ante el elevado monto de morosidad en el Municipio que asciende al 45 por ciento se establezcan políticas de recaudación en las diferentes comunidades; tal y como se venía haciendo en años anteriores, con la finalidad de evitar la morosidad del servicio. Además, las empresas recolectoras deben cumplir con lo contemplado en el artículo 43 numeral 9 de la Ordenanza que establece la debida identificación de los camiones con su número de control y números telefónico, datos que deben ser suministrados a los ciudadanos con el fin de realizar contraloría social sobre cualquier irregularidad o situación que se presente con estos camiones compactadores o volteos que no cumplan con la recolección debidamente”.
En tal sentido se llevará a cabo una inspección un domingo a las empresas contratadas, con la finalidad de revisar si las unidades recolectoras están cumpliendo con lo establecido en la Ordenanza. También se acordó hacer un llamado a las empresas ya que tienen el compromiso de dotar a sus empleados de los equipos, y uniformes necesarios para realizar las jornadas de servicio.
Acotó Rincón que una última conclusión a que se llegó en esta mesa de trabajo es que todas las empresas deben presentar en un lapso de 8 días las propuestas que tengan sobre la reforma de la ordenanza que debe entrar en vigencia a partir de enero del 2017. “Las empresas que acudieron al llamado quedaron en pasar sus propuestas sobre la operatividad para el próximo año, tomando en cuenta la crisis que vive el país, es decir que nosotros conozcamos cómo va a ser la situación de las empresas sobre la recolección de los desechos sólidos en la ciudad de san Cristóbal”.
Por otra parte, el concejal Eduardo Delgado, intervino para expresar que evidentemente en el país hay una economía colapsada; de allí la necesidad de conocer la operatividad de estas empresas para el próximo año ya que uno de los problemas que se nos está presentando en el ayuntamiento es el elevado índice de morosidad del servicio. Para el concejal Jesús Salcedo es importante que el ayuntamiento redimensione la curva de costos con la finalidad de tomar las respectivas previsiones en el servicio el próximo año, “es necesario saber el costo operativo de las empresas y que los camiones estén debidamente identificados para que los vecinos hagan la contraloría social”.
